Los jóvenes indignados o el ya bautizado como Movimiento 15 de mayo, movilizados en múltiples concentraciones en toda España desde el pasado domingo, han pasado a protagonizar la recta final de la campaña electoral del 22 de mayo.
Sus reivindicaciones en materia económica son muchas en un contexto de crisis con una tasa de desempleo juvenil del 44,5 por ciento -el 65,12% para los jóvenes de entre 16 y 19 años- y donde la clase política se ha convertido en el tercer problema del país por delante del terrorismo.
Exigen a la clase política más gasto social que derive en servicios públicos de mayor calidad, más control a una banca a la que señalan como culpable de la crisis “por su mala gestión”, así como mayor posibilidad de acceso a una vivienda con iniciativas como la expropiación de pisos en stock para que pasen al régimen de alquiler protegido.
Además, en materia de vivienda consideran “esenciales” para regenerar el sistema ayudas al alquiler para jóvenes -además de la de emancipación de 210 euros para rentas menores a los 22.000 euros anuales– y que se permita la entrega de llaves por hipoteca.
En relación al empleo, su principal preocupación, abogan por recuperar el subsidio de los 426 euros para parados de larga duración -sustituido por una ayuda más limitada de 399 euros-, por mantener la edad de jubilación en los 65 años hasta acabar con el paro juvenil, por bonificar a las empresas con una tasa de temporalidad menor al 10%o por poner fin al despido libre.
¿Cómo? Reclaman que se termine con los despidos colectivos o por causas objetivas en las empresas que tengan beneficios.
Sus reivindicaciones sociales insisten en terminar con los “gastos inútiles” de las Administraciones y por ampliar la contratación del personal sanitario y educativo, además de por reducir el coste de las matrículas universitarias.
También defienden que haya más transporte público y que los trenes sustituidos por AVE conserven su precio.