La Comisión de Industria del Congreso, que debate estos días la reforma de la Ley de Morosidad, valora establecer que los pagos a empresas se realicen en un plazo máximo de 60 días. Hasta ahora, la ley española incluye una cláusula -denominada “acuerdo entre las partes”- que permite establecer plazos de pago superiores a esos 60 días, lo que en realidad es aprovechado por las empresas contratantes para retrasar los pagos a sus proveedores sin incurrir en ilegalidad. La propuesta de modificar la Ley es de CiU, que se muestra partidaria de establecer los 60 días como plazo máximo improrrogable. Sin embargo, el Gobierno estudia eliminar el “acuerdo entre partes” solo en las operaciones comerciales en las que intervengan pequeñas y medianas empresas y trabajadores autónomos. Como se utilizaría el baremo de pyme que rige en la UE (empresas de hasta 250 trabajadores), al final serían únicamente 2.000 empresas en España las que podrían ampliar plazos de pago y sólo cuando se trate de operaciones entre ellas. No obstante, CiU es partidaria de que la supresión del “acuerdo entre las partes” tenga carácter general para todas las empresas, y argumenta que, si sólo se aplica cuando intervengan pymes o autónomos, éstas podrían quedarse fuer de las licitaciones de las grandes compañías, que podrían optar por empresas de más de 250 empleados con las que puedan fijar plazos de pago superiores.
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