El fraude en las empresas es “algo inherente a cualquier organización empresarial”. Son palabras de Fernando Cuñado, socio responsable de KPMG Forensic, durante la presentación del informe Global Profiles of the Fraudster.
Las consecuencias son claras, y no sólo en lo referente a su impacto económico, sino también en cuanto a la reputación de la propia entidad, algo que obliga a las empresas a anticiparse a estos fraudes.
Según el estudio de esta consultora, siete de cada diez fraudes son realizados por empleados de entre 36 y 55 años, y el 80% de estos sucesos corresponde a trabajadores varones. Con respecto a la antigüedad en la empresa, lo más habitual es que los defraudadores lleven vinculados a la compañía más de seis años.
Juan Arenas, codirector de KPMG Forensic, asegura que “el defraudador suele ser una persona apreciada, es decir, la organización no espera que pueda cometer ese tipo de acto y, además, actúa conociendo los mecanismos y procesos de la entidad y se sirve de ellos para cometer estos fraudes”. Es frecuente también que estas personas tengan un puesto elevado en la empresa: en el 35% de los casos son ejecutivos o consejeros.
Con respecto a la autoría de estos actos, lo más frecuente es que se cometan en grupos de cuatro o cinco personas -62% de los casos-, frente a la opción de hacerlo de manera individual -38%-; es lo que se conoce como lobo solitario. Por contrapartida, en lo referente al ciberfraude, el empleado actúa solo, lleva más tiempo vinculado a la empresa y realiza el fraude en un periodo corto de tiempo por medio de una gran sofisticación de su modus operandi.
Los defraudadores suelen utilizar la tecnología para delinquir, por lo que es fundamental que las empresas refuercen sus sistemas de control interno. Tres de cada diez casos se podían haber evitado si la entidad hubiese tenido implementados mecanismos antifraude adecuados.
