Recientemente se han hecho públicos los resultados del Informe Global sobre Piratería de Software en 2009 que cada año elabora la consultora IDC para Business Software Alliance (BSA). En España, hemos mantenido el mismo índice que el año anterior, 42%, a pesar de que las previsiones que auguraba el difícil contexto económico que vivimos eran de un incremento del software ilegal. De hecho, eso es lo que ha sucedido a nivel mundial, donde el ratio ha crecido dos puntos hasta situarse en el 43%, dato que deja por primera vez a nuestro país por debajo de la media global.
Se trata de unos resultados ciertamente positivos para nosotros, lo que nos hace estar satisfechos por el trabajo realizado, pero sólo en parte. Seguimos estando lejos de la media europea (35%) y doblamos a los países más avanzados de nuestro entorno como Reino Unido (27%), Alemania (28%) u Holanda (28%).
Más allá de las pérdidas que esto pueda suponer para la industria en nuestro país, más de 700 millones de euros en 2009, las consecuencias más graves tienen que ver con la pérdida de productividad, de capacidad de innovación e incluso de imagen como país para invertir y hacer negocios.
Un ratio de piratería como el nuestro supone un verdadero lastre para la economía, especialmente para nuestras pymes. El software está presente en la práctica totalidad de ámbitos de trabajo de las empresas de cualquier sector y una utilización fraudulenta del mismo conlleva un riesgo innecesario desde todos los puntos de vista. Desde las graves consecuencias legales que puede acarrear (duras sanciones, embargo de los equipos, etc.) hasta los frecuentes problemas operativos que genera (pérdida de datos, malware, virus, error en los sistemas, etc.). El software ilegal no supone ningún ahorro y puede salir realmente caro.
Debemos seguir profundizando en un compromiso social y político serio para acelerar la reducción de nuestro índice de piratería en diez puntos en los próximos cuatro años y para acercarnos a niveles más razonables y acordes con las economías de nuestro entorno. Este compromiso debería pasar por tres vías: apostar por la educación y la concienciación en torno al valor de la Propiedad Intelectual; actualizar nuestra legislación para asegurar en mayor medida la justa protección de los afectados y perseguir de forma más efectiva la piratería, con especial atención a la que se produce en Internet; y seguir dedicando, desde la Administración, suficientes recursos para atajar este problema desde todos los puntos de vista.
En esta última vía, quiero poner de relieve la buena disposición para colaborar con la industria mostrada por la Administración, teniendo en cuenta los difíciles momentos que atravesamos. Necesitamos más que nunca la unión, la voluntad y el compromiso de todos para afrontar con garantías el futuro próximo, donde el software seguirá siendo un elemento esencial.
