Ha llegado el día en que los británico deciden su futuro en la Unión Europea. El ya conocido como Brexit afectaría a España en muchas cuestiones, al igual que a otros países de la Unión, y el comercio online no es una excepción. “El Brexit puede suponer un salto hacia atrás para el comercio electrónico en Europa. Gran Bretaña forma parte de los mercados más fuertes de la UE, y con la llegada del Brexit, una importante parte del mercado interior desaparecería”, ha señalado Rafael Gómez-Lus, experto legal de Trusted Shops en España. El sello de calidad para tiendas online nos explica cuáles serían las consecuencias del Brexit para las transacciones transfronterizas de los comerciantes online en Europa y los peligros que presenta:
Los británicos seguirían siendo miembros de la UE durante un tiempo, pero los comerciantes online deberán adaptarse a esta nueva situación. El Brexit supondría un trato propio de tercer país para Reino Unido. Además, con la pérdida de su acceso sin restricciones a la UE, Reino Unido perdería a sus principales socios comerciales: China y EEUU, pero el Brexit esconde otros peligros y consecuencias para el comercio electrónico en España:
Lo primero que ocurriría es que los impuestos de aduanas y sobre el valor añadido sobre la importación aumentarían. Los clientes de comercios españoles que vivan en Gran Bretaña tendrían que pagar impuestos de aduanas e impuesto sobre el valor añadido sobre la importación por las compras realizadas en España. Esto significa que las compras transfronterizas serán más caras, por lo que serán menos atractivas para los clientes de Reino Unido, y en caso inverso sucede lo mismo. Además, la burocracia se complicaría.
Además, los costes de exportación serían más elevados. En el caso de los pequeños y medianos comercios les podría resultar difícil soportar los costes, ya que no les resultará tan fácil como a las grandes empresas el desarrollar cooperaciones estratégicas bilaterales y en el ámbito de la distribución.
También habría problemas relacionados con la protección de datos. Se consideraría a Reino Unido como tercer país. Apenas habrá cambios notables en lo referente a la transferencia de datos a los proveedores de servicios británicos, puesto que no cabe esperar que el Reino Unido pase a formar parte de la lista de países ‘seguros’. A estos países se les aplican, conforme a las normas de la UE, las de un nivel adecuado de normas relativas a la protección de datos, por eso la transferencia de datos se tratará como un intercambio dentro de la UE.
Por último, cabe esperar repercusiones sobre la legislación. Con la Directiva sobre derechos de los consumidores acaban de unificarse los derechos de los consumidores lo más posible. También se ha armonizado totalmente el derecho de la competencia. En caso de salida, los tribunales británicos no tendrían que orientarse por las sentencias del Tribunal de Justicia Europeo, lo que podría ocasionar divergencias en cuanto a la interpretación de normas armonizadas, así como de la legislación futura.
Ante este panorama los comerciantes españoles deberán hacer un seguimiento minucioso de las negociaciones, en caso de Brexit. Durante los dos años posteriores, plazo para salir definitivamente de la UE. En este tiempo, es recomendable que analicen la nueva situación y sopesen los pros y los contras de vender a Reino Unido.
En el peor de los casos desaparecerían completamente todos los privilegios que el mercado interior europeo ofrece. En este caso, cuando un consumidor español compre en una tienda online británica por un valor superior a 22 euros, se aplicará el impuesto sobre el valor añadido sobre la importación del 21%. Si el consumidor realiza un pedido por un valor superior a 150 euros, tendrá que pagar tanto impuestos sobre el valor añadido sobre la importación como aranceles. Además, se podría dar el caso de que algunos productos no se puedan comprar ya que solo pueden comercializarse legalmente en la UE cuando llevan la declaración CE de conformidad.
En el mejor de los casos, si el Brexit llega, pero la UE y el Reino Unido contraen una especie de acuerdo de libre comercio se podría producir una adhesión al Espacio Económico Europeo, como es el caso de Noruega. Esto quiere decir que Reino Unido debería armonizar la legislación en el marco de la libre circulación de personas, mercancías, servicios y capital y reconocer la soberanía de la legislación europea en estos ámbitos legislativos. En tal caso se mantendrían las ventajas del mercado interior comunitario, aunque con excepciones.