Muchos negocios del centro de nuestras ciudades han tenido que echar el cierre con el cambio de año. El fin de la renta antigua tiene la culpa. La Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) de 1994 estableció una moratoria de 20 años para finiquitar los arrendamientos antiguos; este plazo finaliza el 1 de enero de 2015. Las disposiciones transitorias 1ª, 2ª y 3ª de la LAU fijan la fecha de finalización de cada contrato de renta antigua dependiendo del tipo de inmueble, de las posibles transmisiones o traspasos de los contratos y de la personalidad jurídica del inquilino.
“Solamente los locales dedicados a la restauración tienen alguna oportunidad de mantenerse a flote con el fuerte aumento de las rentas. Pero, por ejemplo, una mercería no genera los suficientes ingresos como para aguantar la subida. Son actividades que se han quedado muy obsoletas en función del tipo de demandante que suele recorrer a diario estas calles” apunta Marta García Hernández, coordinadora de productos y diversificación de Tinsa,. “En el caso de los particulares, es decir, cuando es un individuo quien firmó el alquiler y no una persona jurídica, la renta antigua se extinguirá cuando se jubile o bien, cuando se muera, salvo que subrogue su cónyuge y continúe la misma actividad desarrollada en el local”. Aunque hay excepciones, porque si subrogó el contrato a uno de sus descendientes, la fecha de extinción del mismo es el 31 de diciembre de 2014, mientras que si el contrato se traspasó a un tercero entre 1984 y 1994, entonces el plazo se incrementa en 5 años, hasta el 1 de enero de 2020.
El casco histórico de todas las ciudades se enfrentará en los próximos meses a importantes cambios. No en vano, Tinsa cifra entre 65.000 y 85.000 los inmuebles potencialmente afectados en España, «a los habría que sumar los locales y viviendas que podrían quedar desocupadas a medio plazo por una cuestión demográfica, aunque el inquilino disfrute de una renta de carácter vitalicio. Han transcurrido casi tres décadas desde 1985 y los inquilinos originales podrían estar próximos a la jubilación», concluye Marta García.
«La finalización de los contratos de renta antigua afectan única y exclusivamente a personas jurídicas, a sociedades, en ningún caso a particulares o autónomos», explica a El Confidencial que estima que los inquilinos pasarán a pagar entre cinco y siete veces más de alquiler. «En las principales arterias de Madrid se está pagando tranquilamente más de 100 euros el metro cuadrado, mientras que en los contratos de renta antigua difícilmente se pagan más de 10».
Hay todo tipo de locales afectados. Comercio al por mayor y al por menor, restaurantes, bares, talleres de reparación de vehículos… Negocios, la mayor parte, incapaces de soportar unos incrementos tan fuertes de los alquileres.