La nueva normativa que regula las acciones punibles en las empresas fue el escenario para la celebración del primer Congreso Nacional de Prevención de Delitos e Insolvencia de la PYME, en el que participaron un centenar de profesionales del Derecho y de la empresa. La norma impone determinadas pautas de comportamiento empresarial, en aras de disminuir ese tipo de actuaciones y aumentar la transparencia en la gestión de las sociedades, además de aportar seguridad jurídica a las pymes tanto dentro como fuera de España.
Entre las novedades que incluye esta normativa figura que «ya no son las personas físicas, los administradores o los empleados de la empresa sino la propia empresa la que va a tener que asumir una responsabilidad penal derivada de los actos que haga en contra de la ley», según explicó la subsecretaria del Ministerio de Justicia, Aurea Roldán, Ese cambio de paradigma es un cambio de cultura que requerirá de un tiempo para poder asentarse. Según Roldán, los delitos más comunes en los que se ven envueltas las empresas son las insolvencias punibles, los relacionados con la contratación pública o las subvenciones.
El congreso fue inaugurado por el presidente del Parlamento andaluz, Juan Pablo Durán, quien consideró imprescindible que las empresas se preocupen no solo de su facturación, sino también de la transparencia y el mantenimiento de un buen gobierno corporativo. «Cuanta más luz y más transparencia haya en todos los contratos, subvenciones y ayudas, cuanta más transparencia tengan las actuaciones de cualquier organismo o administración va a ser mucho más difícil llevar a cabo malas prácticas y será un elemento esencial para fortalecer dichas administraciones».
Por su parte, Pedro Martín, miembro del comité organizador, señaló que las empresas se deberán adaptar igual que lo hicieron cuando se implantó la prevención de riesgos laborales.
La nueva normativa que regula las acciones punibles en las empresas fue el escenario para la celebración del primer Congreso Nacional de Prevención de Delitos e Insolvencia de la PYME, en el que participaron un centenar de profesionales del Derecho y de la empresa. La norma impone determinadas pautas de comportamiento empresarial, en aras de disminuir ese tipo de actuaciones y aumentar la transparencia en la gestión de las sociedades, además de aportar seguridad jurídica a las pymes tanto dentro como fuera de España.
Entre las novedades que incluye esta normativa figura que «ya no son las personas físicas, los administradores o los empleados de la empresa sino la propia empresa la que va a tener que asumir una responsabilidad penal derivada de los actos que haga en contra de la ley», según explicó la subsecretaria del Ministerio de Justicia, Aurea Roldán, Ese cambio de paradigma es un cambio de cultura que requerirá de un tiempo para poder asentarse. Según Roldán, los delitos más comunes en los que se ven envueltas las empresas son las insolvencias punibles, los relacionados con la contratación pública o las subvenciones.
El congreso fue inaugurado por el presidente del Parlamento andaluz, Juan Pablo Durán, quien consideró imprescindible que las empresas se preocupen no solo de su facturación, sino también de la transparencia y el mantenimiento de un buen gobierno corporativo. «Cuanta más luz y más transparencia haya en todos los contratos, subvenciones y ayudas, cuanta más transparencia tengan las actuaciones de cualquier organismo o administración va a ser mucho más difícil llevar a cabo malas prácticas y será un elemento esencial para fortalecer dichas administraciones».
Por su parte, Pedro Martín, miembro del comité organizador, señaló que las empresas se deberán adaptar igual que lo hicieron cuando se implantó la prevención de riesgos laborales.
