Una pyme española acorrala a American Express por estafa

La multinacional se habría apropiado de un robot desarrollado por una tecnológica española.

Publicado el 23 Feb 2016

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Trappit, una pyme tecnológica española, ha puesto contra las cuerdas a la cúpula directiva y CEO de American Express, acusados de estafa contra la propiedad intelectual, competencia desleal y delitos continuados contra el mercado y los propios consumidores.

Los fundadores de esta startup, los emprendedores Daniel de Carvajal y Luis Martín Lázaro, acudieron el pasado 9 de junio a los tribunales de la madrileña Plaza de Castilla para denunciarlo que consideran un robo por parte de la gran corporación estadounidense de su sistema ARPO, un robot diseñado para monitorizar en tiempo real el precio de los billetes áreos, que permite obtener un ahorro en torno al 8%. Un mes después, a Luis Dupuy, director general de American Express Global Business Travel España; Estefanía Ruiz de Esguide, responsable del departamento de Desarrollo de Nuevos Productos; José Luis Giráldez, jefe del departamento de Clientes, y a la propia American Express España han sido imputados por el juzgado número 51 de Madrid.

Asimismo, en virtud del Convenio de Cooperación Judicial entre España y EEUU, ha sido citado a declarar como imputado el CEO mundial de American Express, Kenneth I. Chenault, el tercer ejecutivo afroamericano más importante del planeta según la revista Forbes, además de otros importantes directivos del coloso mundial de los medios de pago. El magistrado español ha enviado a Estados Unidos las correspondientes comisiones rogatorias. No en vano, fue al otro lado del Atlántico donde Trappit y American Express negociaron un acuerdo fallido tras el que la multinacional norteamericana presuntamente se apropió del sistema ARPO español.

En el marco de estas negociaciones, American Express hubo de apropiarse de una prueba piloto, que rebautizó como Lastfare y que pretendió vender a un gran banco español.

Trappit, cuya defensa legal ejerce el bufete Garrigues, ha pedido como medidas cautelares que el querellado deje de utilizar la herramienta y pide 14,68 millones en concepto de daños y perjuicios económicos.

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Redacción TICPymes

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