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Adeaf pide reducir el Impuesto sobre Sociedades 28 de septiembre 2011

los asesores aseguran que las pymes tributan a tipos más altos que las grandes empresas porque no pueden aplicarse deducciones.

La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) ha señalado que la "mejor medida para mejorar la competitividad de las empresas españolas sería reducir el Impuesto sobre Sociedades y disminuir las deducciones en cuota del mismo", al considerar que crean distorsiones.

Eduardo García, miembro de Aedaf y del Foro Conjunto de Precios de Transferencia de la Unión Europea ha insistido en unas declaraciones a Europa Press, en que "las pymes no pueden aprovechar en muchas ocasiones estas deducciones en cuota, lo cual hace que tributen a un 30%, por encima que las compañías de mayor tamaño". También ha hecho hincapié en que las grandes empresas están tributando por debajo de las pymes e incluso están dejando de tributar porque los gastos de expansión exterior o financieros les están permitiendo tener una base imponible negativa en España.
Por su parte, el presidente de la organización, Juan Carlos López-Hermoso, ha matizado que "va a haber un incremento de la presión fiscal a corto plazo, aunque no se deben tocar impuestos que penalicen la recuperación económica".

Los dos han defendido su propuesta de reforma del artículo 16 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, al coincidir en que la legislación actual es desproporcionada y supone una falta de competitividad para los contribuyentes españoles.

En concreto, la asociación reclama la aplicación indistintamente del régimen tanto a las transacciones interiores como a las internacionales y reclama que las obligaciones de documentación y las funciones de control se centren precisamente en las operaciones externas, en las que la Agencia Tributaria sí puede perder recaudación.

Del mismo modo, insta a las autoridades a limitar el perímetro de vinculación y a completar el régimen, de manera que se elimine la doble imposición en operaciones vinculadas entre empresas del territorio común y territorios forales, y se definan las competencias de los tribunales en la materia.

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