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El plan para aflorar la economía sumergida que ultima el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social incluye un periodo de gracia de tres meses de duración -que, en principio, abarcaría de abril a junio de este año- durante el cual empresarios y trabajadores podrán regularizar su situación en condiciones favorables, según una información publicada en elpais.com.

El plan contiene contempla una campaña de año y medio, entre julio de 2011 y diciembre de 2012, durante la cual la Inspección de Trabajo se volcará en perseguir a los infractores y castigarles con sanciones mucho más rigurosas que las ahora vigentes, según fuentes gubernamentales.

Aunque el Gobierno no quiere hablar de ultimátum ni tampoco de amnistía, el plan parece contener elementos de ambos. No habrá perdón de las deudas con la Seguridad Social para quien se acoja al periodo voluntario de regularización, pero sí condonación de la multa prevista y condiciones especiales para el pago aplazado y fraccionado de las cantidades debidas a la Seguridad Social.

En cambio, quienes persistan en la ilegalidad se enfrentarán, a partir del próximo verano, con sanciones que duplicarán o triplicarán las actuales, según las fuentes consultadas por elpais.com.

El ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, ultima ya una reforma de la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social (LISOS) para castigar con mayor dureza a los empresarios que no den de alta a sus empleados y a los trabajadores que compatibilicen el cobro de un salario con la percepción del subsidio de desempleo.