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El Congreso de los Diputadosha aprobado la reforma de la ley contra la morosidad, de manera que se fija en 30 días el plazo de pagos para la Administración pública y en 60 días para el sector privado. En ambos casos se aplicará de forma progresiva hasta 2013. Se elimina así la posibilidad de negociar plazos entre el deudor y el acreedor, lo que era aprovechado por las empresas cliente para obligar a los proveedores a aceptar pagos a largo plazo.  
Finalmente, el nuevo régimen será aplicable a todo tipo de empresas, y no sólo a aquellas operaciones en las que intervinieran pymes y autónomos, como proponía el Gobierno. Asimismo, los 60 días empiezan a contar desde la fecha de recepción de la mercancía o terminación del trabajo, y no desde la fecha de recepción de la factura.     Los nuevos plazos entrarán en vigor progresivamente: los del sector público serán de 55 días este año; de 50 en 2011; de 40, el año siguiente y de 30 en enero de 2013. En el caso de las empresas el plazo será de 85 días desde la entrada en vigot hasta finales de 2011; de 75 en 2012 y de 60 días a partir de enero de 2013. Para el sector de la alimentación de productos perecederos, el pago se fija en 30 días después de la recepción de la factura.