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Según adelanta el diario El País, el secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, adelantó ayer que el Gobierno tendrá preparado en el plazo de unas semanas una iniciativa para paliar en cierta medida esta problemática. Una vez más el Instituto de Crédito Oficial será el organismo encargado de poner en práctica estas medidas.
Algunas fuentes hablan que la deuda acumulada de los ayuntamientos con las empresas podría alcanzar una cifra de 30.000 millones de euros, un dato que el Gobierno tilda de exagerado.

La Confederación Española de Pequeña y Mediana Empresa, Cepyme, así como otras voces del mercado, entre las que se incluyen la patronal del sector de tecnologías de la información Asimelec, llevan meses solicitando medidas para reducir los plazos de pago de las Administraciones Públicas, que en muchos casos superan los 200 días de media.

Como el mismo Jesús Bárcenas explicaba en una entrevista concedida a www.ticpymes.es, la ampliación de los pagos de pago exigía una contundente respuesta por parte del Ejecutivo que hasta ahora hacía oídos sordos a las demandas de las empresas. Según él, hasta ahora esta longevidad no resultaba problemática, pero en estos momentos la coyuntura es muy delicada. “Antes había colchón y ahora se pide al empresario que actúe como un asesor financiero”.